MEDIDAS ESTATALES

• Se  reapertura las fronteras a partir de julio.

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• De acuerdo a la política de salud y migración, la población migrante tiene derecho a la salud en igualdad de condiciones que la nacional, sin embargo, el acceso a la salud pública depende de la categoría de usuario en el sistema, dado por el porcentaje de cotización de éste, lo que produce grandes brechas de acceso para población migrante.

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• El gobierno, a través de la Cancillería, ha coordinado el retorno de ciudadanos/as chilenos/as que se encontraban en el exterior, en los vuelos humanitarios de regreso a Chile, luego de la repatriación de inmigrantes en países como República Dominicana, Colombia y Ecuador.

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• Se han implementado trámites on line para la solicitud del permiso de residencia permanente, para algunas nacionalidades, las que excluyen a la población de los países vecinos. Asimismo, se extendió la vigencia de las cédulas de identidad vencidas, en caso de haber solicitado prórroga, cambio o permanencia definitiva.

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• En medio de la pandemia, el gobierno puso en “discusión inmediata” en el Parlamento el Proyecto de Ley de Migraciones, afirmando que el país necesita una nueva institucionalidad para enfrentar el eventual aumento del flujo migratorio en 2021, pospandemia del coronavirus. El proyecto es criticado por criminalizar la migración irregular y por intentar que se vote sin participación ciudadana en un contexto de excepción, tal como fue decretada la vigente “Ley de extranjería” durante la dictadura militar.

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• El gobierno dispuso un Plan Humanitario de Retorno para las personas que voluntariamente desean retornar a sus países, a propósito de la crisis sanitaria del Covid-19, dando prioridad a las provenientes de Haití. No obstante, este plan exige a las personas que se acogen, la suscripción de una declaración jurada de compromiso de no retornar a Chile dentro de 9 años.

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• En julio se reactivaron los procesos de expulsión de extranjeros que hayan cometido “faltas administrativas” o delitos.

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Racismo desde el Estado chileno en contra de la población haitiana 

Durante la pandemia: 

• Unos 50 haitianos fueron trasladados a residencias sanitarias para cumplir cuarentena tras un brote de coronavirus  en el lugar en el que vivían hacinados en un barrio pobre en el norte de Santiago, desde donde fueron hostigados por sus vecinos por temor al virus.

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• Discursos oficiales desde la Presidencia y desde el Ministerio de Salud, muestran posturas racistas, asociando a la comunidad haitiana en particular, y migrantes irregularizados en general, con la propagación del virus. 

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• El Proyecto Ley de Migraciones criminaliza la irregularidad, lo que afectaría directamente a los migrantes en esta situación.

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• Plan Humanitario de Retorno para las personas que voluntariamente desean retornar a sus países, con prioridad a las provenientes de Haití, exige a las personas que se acogen, la suscripción de una declaración jurada de compromiso de no retornar a Chile dentro de 9 años, medida que ha sido calificada como de “deportación encubierta”. Esta medida fue calificada de ilegal por la Corte Suprema.

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• Con la activación de expulsiones (deportaciones), habrían 479 procesos de expulsión de migrantes pendientes, quienes no podrán volver a Chile en 10 años.

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• Combinando fiscalizaciones de la Inspección del trabajo con controles policiales para detectar irregularidades laborales y migratorias, se realizaron detenciones a migrantes irregulares por parte de la Policía de Investigaciones en distintas ciudades del país. También se detectó la insuficiente adopción de medidas preventivas contra el Covid-19.