En la última década el número de solicitantes de asilo y refugio en las Américas ha incrementado notablemente. Esto se debe a que, por un lado, hasta la región han llegado personas expulsadas por la violencia en sus países de origen en Asia, Medio Oriente, y África. Por otro, a que dentro del continente, la violencia nacional no ha cesado. Ese es el caso de Colombia, que sigue resintiendo los efectos del histórico conflicto armado, de Guatemala, Honduras y El Salvador, donde la violencia del crimen organizado y las pandillas urbanas persiste, y de México, donde la guerra contra las drogas y la violencia del crimen organizado tampoco ha cesado. Además, en los últimos cuatro años, la violencia de la pobreza en Venezuela, junto con el complejo conflicto político, ha expulsado a más de 4 millones de venezolanos, entre ellos solicitantes de asilo. Por todo esto, la gran mayoría de Estados en el continente han debido poner en marcha acciones directas para atender a esa población en necesidad de protección. Las respuestas han sido disímiles, limitadas, reducidas, y sobre todo, no han procurado extender el derecho al asilo y al refugio para la gran mayoría de solicitantes. De hecho, antes de la pandemia, en muchos espacios nacionales, ya existían recortes presupuestarios, reverses, demoras y contradicciones o la implementación de deliberadas políticas para reducir el número de reconocimientos o para transferir ese proceso a terceros países poniendo en abierto riesgo este derecho humano universal. 

 

Antes de la pandemia, en Canadá, Estados Unidos, México, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, países que han receptado mayoritariamente a solicitantes de asilo y refugio, ya se evidenciaban restricciones en la aplicación de este derecho afectando directamente las vidas de mujeres y hombres adultos, pero también de niños, niñas y adolescentes en necesidad de protección internacional. La pandemia ha venido así a agravar su vulnerabilidad, exponiéndolos a un riesgo extremo.  El cierre temporal de fronteras en todos los países del continente, ha derivado en un impedimento y/o limitación de facto para el ejercicio del derecho al refugio y al asilo en varios países del continente. Las instituciones estatales competentes han suspendido temporalmente sus actividades o las han trasladado a trabajo remoto, la resolución de casos en proceso y la recepción de nuevas solicitudes de asilo y refugio también han quedado suspendidas. Esto ha impactado notablemente a solicitantes individuales y a familias con niños, niñas y adolescentes, particularmente centroamericanos, mexicanos, colombianos, venezolanos, haitianos y extra-continentales quienes, estando en diversos espacios nacionales, han quedado confinados en un tiempo de espera prolongado y en un limbo jurídico que sólo exacerba su previa condición de vulneración, extrema precarización socio-económica y exposición a riesgos vitales.

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