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SUSPENSIÓN DEL DERECHO AL ASILO Y REFUGIO

El conversatorio discutirá en torno a la situación de extrema vulnerabilidad de los solicitantes de asilo y refugio en diversos contextos de las Américas antes y durante la pandemia. Dada la actual crisis económica y en los sistemas de protección social en el continente, también se debatirá sobre cuáles son los mayores desafíos que para los Estados de la región supone responder con su obligación de garantizar el derecho a la protección internacional. Se analizarán los casos de Canadá, Estados Unidos, México, Ecuador, Perú, Chile, Brasil.

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En la última década el número de solicitantes de asilo y refugio en las Américas ha incrementado notablemente. Esto se debe a que, por un lado, hasta la región han llegado personas expulsadas por la violencia en sus países de origen en Asia, Medio Oriente, y África. Por otro, a que dentro del continente, la violencia nacional no ha cesado. Ese es el caso de Colombia, que sigue resintiendo los efectos del histórico conflicto armado, de Guatemala, Honduras y El Salvador, donde la violencia del crimen organizado y las pandillas urbanas persiste, y de México, donde la guerra contra las drogas y la violencia del crimen organizado tampoco ha cesado. Además, en los últimos cuatro años, la violencia de la pobreza en Venezuela, junto con el complejo conflicto político, ha expulsado a más de 4 millones de venezolanos, entre ellos solicitantes de asilo. Por todo esto, la gran mayoría de Estados en el continente han debido poner en marcha acciones directas para atender a esa población en necesidad de protección. Las respuestas han sido disímiles, limitadas, reducidas, y sobre todo, no han procurado extender el derecho al asilo y al refugio para la gran mayoría de solicitantes. De hecho, antes de la pandemia, en muchos espacios nacionales, ya existían recortes presupuestarios, reverses, demoras y contradicciones o la implementación de deliberadas políticas para reducir el número de reconocimientos o para transferir ese proceso a terceros países poniendo en abierto riesgo este derecho humano universal. 

 

Antes de la pandemia, en Canadá, Estados Unidos, México, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, países que han receptado mayoritariamente a solicitantes de asilo y refugio, ya se evidenciaban restricciones en la aplicación de este derecho afectando directamente las vidas de mujeres y hombres adultos, pero también de niños, niñas y adolescentes en necesidad de protección internacional. La pandemia ha venido así a agravar su vulnerabilidad, exponiéndolos a un riesgo extremo.  El cierre temporal de fronteras en todos los países del continente, ha derivado en un impedimento y/o limitación de facto para el ejercicio del derecho al refugio y al asilo en varios países del continente. Las instituciones estatales competentes han suspendido temporalmente sus actividades o las han trasladado a trabajo remoto, la resolución de casos en proceso y la recepción de nuevas solicitudes de asilo y refugio también han quedado suspendidas. Esto ha impactado notablemente a solicitantes individuales y a familias con niños, niñas y adolescentes, particularmente centroamericanos, mexicanos, colombianos, venezolanos, haitianos y extra-continentales quienes, estando en diversos espacios nacionales, han quedado confinados en un tiempo de espera prolongado y en un limbo jurídico que sólo exacerba su previa condición de vulneración, extrema precarización socio-económica y exposición a riesgos vitales.

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