IRREGULARIZADOS Y DESPOSEÍDOS DE DERECHOS
El conversatorio discutirá en torno a las implicaciones históricas, políticas y sociales de la figura del migrante irregularizado en las Américas; a las distintas maneras en cómo ha operado la producción legal de la irregularidad migrante y su deportabilidad en la región; a cómo la abierta desposesión de derechos se ha exacerbado durante la pandemia y a impactado en la vida de migrantes irregularizados; y en las implicaciones futuras que, en diferentes contextos y sub-regiones tiene, en términos sociales y políticos, la proliferación de la irregularidad migrante.
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En las Américas, hasta hace más de una década, la figura del migrante irregularizado era asociado casi exclusivamente con la realidad migratoria estadounidense. Millones de migrantes latinoamericanos han llegado hasta ese país irregularizados, o han quedado en esa condición migratoria por la imposibilidad de cumplir con sus estrictos requisitos legales. La condición de irregularidad ha limitado sistemáticamente el ejercicio de la ciudadanía plena en los aspectos más elementales como el acceso a la salud, educación, al trabajo digno, a la vivienda y a la seguridad social. Es así como hoy en ese país más de 12 millones de migrantes irregularizados – mayoritariamente latinoamericanos y caribeños –, han sido confinados a la precariedad vital y a cargar la amenaza de ser detenidos y deportados en cualquier momento.
Esa realidad migratoria se ha extendido en las Américas. El reciente giro securitista – plasmado en leyes, políticas y programas de control a la libre movilidad–, ha venido a multiplicar la producción de migrantes irregularizados en prácticamente todos los países del continente. De manera generalizada, en la región el foco de interés ha girado del derecho a los migrantes al combate a la irregularidad inmigrante al interior del espacio nacional y a fortalecer la seguridad fronteriza, mientras un violento discurso xenófobo se ha normalizado en las sociedades receptoras. Si antes de la pandemia, los migrantes irregularizados ya habían sido desposeídos de derechos básicos; durante la misma, solo se ha exacerbado su desprotección, su riesgo a ser explotados, a trabajar en condiciones insalubres, a vivir hacinados, a ser violentados, detenidos, deportados, contagiados y no tratados, más aún si se trata de migrantes en tránsito. La arremetida del Covid-19 solo ha desnudado el latente impedimento que los migrantes irregularizados cargan a vivir dignamente y a tener derecho “a tener derechos”.
Esta situación está presente entre migrantes irregularizados latinxs, caribeños y extra-continentales residiendo en Canadá y Estados Unidos; entre migrantes irregularizados centroamericanos residiendo en México; entre nicaragüenses en Costa Rica; haitianos en República Dominicana; entre migrantes irregularizados sudamericanos, caribeños y extra-continentales en tránsito por Panamá; entre venezolanos, caribeños y extra-continentales residiendo en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Brasil; y entre bolivianos y peruanos en Argentina y Chile.